“Uy, qué miedo”, AMLO responde a presiones de EU por la política energética
El anuncio se da solo una semana después de que los presidentes de ambos países se reunieron en Washington y de que se informaron –aún sin detalles– inversiones del sector privado estadounidense por aproximadamente 40,000 millones de dólares en el mercado energético mexicano, principalmente en asociación con la estatal Pemex y un mes después de que el presidente López Obrador anunció alianzas para aumentar la capacidad de generación eléctrica en el país también de la mano de empresas de Estados Unidos.
El capítulo de solución de controversias del T-MEC establece que una tercera parte –en este caso Canadá– podría sumarse a las consultas, de así creerlo necesario. El documento también asienta que de no llegar a un acuerdo, una de las partes podría pedir la reunión de una Comisión, que tratará de resolver la controversia antes de la instalación de un panel, conformado por especialistas en temas de disputa, derecho y comercio internacional.
Las inconformidades de las empresas estadounidenses no son nuevas. Desde los primeros cambios en el mercado eléctrico y petrolero, congresistas, compañías y organizaciones gremiales estadounidenses han enviado misivas de manera recurrente a la administración del presidente Joe Biden, en las que pedían un pronunciamiento público del gobierno demócrata. “La información pública indica que el presidente López Obrador interpreta el relativo silencio público de la administración Biden sobre este tema como indiferencia o aprobación tácita de la decisión de su gobierno sobre priorizar el desarrollo de fuentes fósiles por encima de la energía renovable”, se lee en una carta de enero pasado. Pero hasta ahora no había existido un pronunciamiento público desde la primera línea del gobierno de Estados Unidos, ni indicios de la aplicación de alguna de las medidas o mecanismos de resolución contenidos en el acuerdo comercial.
El gobierno mexicano ya tiene en curso un par de procedimientos legales con empresas privadas. Las estadounidenses Talos y Monterra han enviado al gobierno mexicano notificaciones de disputa en relación con el yacimiento Zama y con el cierre de una terminal de almacenamiento en Tuxpan, respectivamente. Hasta ahora ninguna de las dos compañías han iniciado un proceso de arbitraje, pues se mantienen en negociaciones con la administración federal.
En el borrador del anuncio, el gobierno estadounidense asegura que las políticas puestas en marcha durante el sexenio “afectan los intereses económicos de Estados Unidos” y que “han cortado en gran medida la inversión de Estados Unidos” principalmente en el mercado de generación renovable. “Los cambios de política de México amenazan con empujar la innovación del sector privado fuera del mercado energético mexicano”, dice.
En las misivas previas, las compañías y los congresistas estadounidenses acusaban de un favoritismo hacia las compañías estatales Pemex y CFE, un retraso en los permisos para nuevas inversiones y la priorización del desarrollo de fuentes fósiles por encima de la energía renovable.
Los cambios en la política energética mexicana comenzaron durante las primeras semanas del sexenio con la cancelación de proyectos eléctricos y de las licitaciones petroleras. El punto más álgido se alcanzó con la presentación de la reforma constitucional energética, que no alcanzó la mayoría en el Congreso en abril pasado.
